GARA, 23/10/01

Lakua solicitará explicaciones sobre el «caso Sorzabal» pero no toma medidas contra la tortura

La Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de Lakua trabaja desde ayer «en la recopilación de datos» acerca de las torturas sufridas por Iratxe Sorzabal a manos de la Guardia Civil. El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, aseguró que «no nos vamos a quedar parados» si la investigación confirma la existencia de malos tratos pero, sin embargo, no planteó medidas concretas contra la tortura. En este contexto, los socios del tripartito han decidido presentar una enmienda de totalidad a la proposición no de ley de Batasuna que solicita, entre otros puntos, que la Ertzaintza no aplique la «legislación antiterrorista».Carlos DRONDA | GASTEIZ

La Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de Lakua, dependiente del Departamento de Justicia, anunció ayer que hará «un detallado seguimiento del expediente sobre el caso» de Iratxe Sorzabal, detenida por la Guardia Civil en Hernani el pasado 30 de marzo y puesta en libertad sin fianza casi medio año después, el 13 de setiembre.

Sorzabal denunció haber sido objeto de torturas mientras estuvo en manos de la Guardia Civil, un testimonio que se vio refrendado el sábado cuando Torturaren Aurkako Taldea (TAT) difundió las fotografías tomadas por orden del médico forense de la Audiencia Nacional durante el periodo de incomunicación. Las imágenes y el informe médico corroboran la veracidad de los malos tratos y la aplicación de electrodos en ambos costados del cuerpo de la joven.

A la vista de las fotografías y del informe médico, la Dirección de Derechos Humanos expresó ayer, por medio de un comunicado, su «honda preocupación por los testimonios, informaciones periodísticas y datos aparecidos estos días sobre la denuncia de presuntas torturas a Iratxe Sorzabal», y anunció que solicitará «al Ministerio del Interior todos los datos e informes concernientes a la detención, interrogatorio, conducción a la Audiencia Nacional y posteriores exámenes médicos realizados, al parecer, por el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y por los médicos forenses». Derechos Humanos pretende contar «con todos los elementos de juicio para el estudio del caso», de modo que, «si se confirmara la existencia de torturas, se procediera a la exigencia de responsabilidades al responsable o responsables de las mismas».

Asimismo, el área dirigida por Juan José Martínez Leunda invitó «a la institución del Ararteko y al Defensor del Pueblo para que, como instituciones garantistas de los derechos de la persona, se interesen igualmente por este grave asunto de presuntas torturas». Fue el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, de cuyo Departamento depende Derechos Humanos, quien anunció que esa Dirección «está trabajando en la recopilación de datos» acerca de la denuncia de Sorzabal.

En declaraciones a Radio Euskadi, el consejero de EA aseguró que, «en caso de que los datos se confirmen, indudablemente tendremos que movilizarnos; no vamos a quedarnos parados». Azkarraga, que dijo conocer el caso desde el viernes, subrayó que «la tortura es algo que debe ser erradicado definitivamente de este país; creemos que el hecho de atentar contra la dignidad de las personas a través de la tortura es algo absolutamente rechazable y despreciable». En este sentido, recordó que «toda mi vida he estado trabajando y denunciando este tipo de cosas, y ahora voy a hacer lo mismo».

En esa línea, el consejero de Justicia subrayó su voluntad de garantizar que se cumplan «los principios en los que debe asentarse cualquier Estado de Derecho», pero ni él ni sus compañeros del Gabinete Ibarretxe anun- ciaron medidas concretas para erradicar la tortura. Es más, según conoció ayer este diario, los socios de Gobierno han presentado una enmienda de totalidad a la proposición no de ley formulada por Batasuna en contra de la tortura y los malos tratos, un debate que tendrá su sede en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz.

Batasuna pretende que el Legislativo tome en consideración los criterios marcados por organismos internacionales y que, siguiendo dichos criterios, inste a las instituciones correspondientes a reformar la «ley antiterrorista» y solicite a la Ertzaintza que, entretanto, no aplique esa legislación.

Frente a estas propuestas concretas, PNV, EA e IU-EB han presentado una enmienda de totalidad en «defensa de los derechos humanos y las libertades de todas las personas», en la que también exigen a ETA «el abandono definitivo de la violencia». Además, en el segundo punto, declaran «que en materia de derechos humanos no caben excepciones y que, por lo tanto, son inadmisibles la práctica de la tortura o la violación de los derechos de personas detenidas».

Según explicaron fuentes jeltzales a GARA, la enmienda refleja la posición del PNV ante la tortura y retoma las declaraciones del Parlamento de junio de 1995 y de diciembre de 1997. La primera rechazaba «cualquier práctica de tortura y malos tratos»; la segunda planteaba medidas más concretas que siguen sin cumplirse y que en ningún caso cuestionaban la validez de la «legislación antiterrorista».

Por su parte, Rafael Larreina, portavoz de EA en la Cámara autonómica, indicó a este diario que «las personas detenidas también tienen derechos que deben ser respetados». No obstante, dijo que «sólo estamos legitimados para condenar estos hechos los que condenamos toda violación de derechos humanos; cuando uno no se pronuncia sobre algunas violaciones, está justificando indirectamente todas las vulneraciones».

En la misma línea, el portavoz de IU-EB, Antton Karrera, negó que exista un «doble rasero» en la denuncia de acciones violentas y expresó su preocupación por el caso de Iratxe Sorzabal, porque «parece que hay evidencias de tortura».

El grupo parlamentario de Batasuna se reunirá hoy mismo con Torturaren Aurkako Taldea para analizar, entre otros puntos, el «caso Sorzabal» y estudiar medidas concretas contra la tortura. Jone Goirizelaia subrayó que «acabar con esto es tarea de todos» y se preguntó «por qué en unos casos se hacen condenas públicas y concentraciones y en otros no», así como «por qué se acallan en la prensa denuncias como la de Iratxe».

En nombre del PSE, Javier Rojo, portavoz en la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo autonómico, opinó que no es necesario aplicar medidas adicionales a las ya previstas en el ordenamiento jurídico, «que es el mecanismo que hay que aplicar para este tipo de cosas y para todas las demás». Rojo expresó su confianza «en el Estado de Derecho» y dijo estar «convencido de que se hará justicia». Al respecto, señaló que «esta persona habrá hecho la denuncia pertinente y, en función de la investigación, será la Justicia la que determine qué sucedió y qué hay que hacer».

GARA también se interesó por la opinión del grupo parlamentario del PP, que no quiso hacer valoraciones.

Por otro lado, la secretaria general de Emakunde, Izaskun Moyúa, comentó que, conocida la denuncia de Sorzabal, «la valoración no puede ser más negativa». Subrayó la importancia de sensibilizar a la sociedad ante la tortura y destacó que «las mujeres tienen un plus añadido, porque a la propia condición natural de la tortura se le añade un fuerte componente sexista, que se traduce habitualmente en vejaciones sexuales, amenazas y violaciones». La responsable de Emakunde destacó que «la discriminación de género» también se refleja en los malos tratos.

La Ararteko en funciones, Mertxe Agúndez, unió la denuncia de las torturas con el apoyo a las víctimas de ETA y sostuvo que «la vía policial es necesaria, pero sin conculcar derechos humanos». Agúndez se opone a la incomunicación de los detenidos porque facilita la existencia de «espacios oscuros» y porque «un Estado de Derecho tiene medios para hacer justicia sin usar medidas extraordinarias».